En la batalla del taxi y las VTC, las partes están aparentemente diferenciadas. De un lado, los taxistas, que reivindican mantener sus condiciones para proteger su futuro empresarial; de otro lado, los conductores y propietarios de las licencias VTC -utilizadas por plataformas como Ubero Cabify para operar en España-, que quieren seguir desarrollando su actividad en ciudades como Madrid y Barcelona.
Ambas partes parecen irreconciliables, pero lo cierto es que entre ellas existe un vínculo más frecuente de lo que nos hacen creer.
Muchos de esos taxistas se deshicieron de las VTC a cambio de un elevado rendimiento económico y continuaron con su actividad en el servicio público.
Ocurrió sobre todo a partir de 2014, cuando Uber hizo su primer intento de expansión en España. Uno de los casos más conocidos en el sector es el de Servitaxi, una cooperativa que se hizo con unas 60 licencias VTC a un precio de 36 euros y acabó vendiéndolas por una cantidad entre 15.000 y 45.000 euros. La diferencia supone multiplicar por más de 400 la inversión inicial.
Otros, sin embargo, optaron por mantenerlas y aprovechar los beneficios de ambas actividades. Star Taxi Mercedes es uno de los exponentes de esta situación.
También es conocido por todo el sector el caso de José Antonio Parrondo. Este empresario ocupó entre 2007 y 2009 la presidencia de la Asociación Gremial del Taxi de Madrid y años después se ha convertido en uno de los pocos nombres que controla el negocio de las VTC en España a través de su empresa, Auro New Transport. Actualmente suma unas 3.000 licencias de este tipo, 2.500 de las cuales se concentran en Madrid y Barcelona, al tiempo que opera con taxis en ambas ciudades.
Parrondo es también socio de otra de las sociedades que controlan el negocio de los vehículos de alquiler con conductor, Airtaxi, que cuenta con entre 1.300 y 1.400 licencias. Completan este grupo Vector Ronda (en la que Rosauro Varo es el principal accionista), con unas 2.500 licencias, y Moove Cars, propiedad del fondo de inversión norteamericano King Street y dueño de más de 5.000 concesiones VTC que se mueven por todo el país.
El problema explicado por los propios trabajadores
El caso de Juan (nombre modificado por discreción) es el siguiente. Empezó a trabajar como conductor autónomo de Cabify hace más de un año, con su propia licencia (50.000 euros) y su propio coche (24.000 euros), un desembolso económico para el que tuvo que hipotecarse, dejando una deuda de 74.000 euros que a día de hoy aún mantiene.
«Entiendo que los taxistas vayan contra Uber y Cabify; entiendo que vayan contra los ricos que tienen licencias de VTC que valen millones; incluso puedo entender —más o menos— que vayan contra las empresas de VTC que contratan a los conductores; pero ¿contra los conductores autónomos que hemos comprado un coche y una licencia que solo explotamos nosotros? ¡Si somos igual de pringados que ellos!».
Pero no se queda ahí la cosa, ya que Juan no mira a Uber y Cabify con tan buenos ojos:
«Uber y Cabify representan lo peor del capitalismo. Se han dedicado a vender un rollo de p*** madre y a convencer a los parados de que trabajar con ellos es una maravilla, pero en cuanto hay problemas, los dejan tirados: mientras los taxistas y los conductores de VTC se lían a hostias en la calle, ellos están en su casa. Y en cuanto ven que las cosas ya no les benefician tanto, cogen y se largan, dejando tiradas a las personas a las que les prometieron el oro y el moro. Aquí quien pierde dinero de verdad es el trabajador, al que han dejado solo para que les partan la cara los taxistas. Yo me he hipotecado simplemente para poder trabajar… y ahora veo que voy a acabar en la calle».
Por otra parte, Raúl (nombre modificado por discreción) -caso similar al de Juan– es conductor de Cabify, debe 78.000 euros al banco y es un bicho raro. No por su trabajo, sino por su perfil.
Raúl trabajó durante seis meses como asalariado del taxi y, a continuación, también como asalariado en una empresa de VTC. Hace poco más de un año decidió pagar 60.000 euros por una licencia VTC que solo explota él y comprar un coche de 18.000 euros. Para poder afrontar este gasto sus padres se tuvieron que hipotecar. Raúl tiene dos hijos y, para ganarse la vida, actualmente es conductor de Uber, pero también asume encargos de empresas VTC que ofrecen servicios de transporte a clientes de lujo.
En el punto álgido de las protestas de los taxistas de Barcelona, Raúl ha trabajado con mucho cuidado: «Cuando se ponen a destrozar un coche pierden todo el debate. Porque dicen que ‘no pasa nada’, que los coches no son de los conductores, sino de las empresas, pero es que mi coche sí es mío, no puedo arriesgarme a que le hagan algo. Yo he tenido que trabajar con mucho cuidado, evitando las zonas conflictivas, y aun así me han pinchado dos ruedas».
Raúl no solo es crítico con taxistas y políticos, también con los dueños de muchas (y millonarias) licencias VTC: «Ellos donde realmente van a ganar dinero es con la reventa de licencias. En los medios se dice mucho que ‘pobrecitos estos inversores’, pero a nosotros nadie nos hace caso, y somos los que más tienen que perder. Porque si se legisla contra las VTC y vamos a juicio pasarán 2, 3 o 4 años hasta que se nos indemnice, y los inversores claro que pueden aguantar ese tiempo, pero yo no sé si podré».
El conductor también ‘dispara’ contra las aplicaciones y, en su opinión, los taxistas se equivocan de enemigo: «Claro que no me gusta que Uber y Cabify paguen impuestos fuera, pero para mí esas aplicaciones son un cliente más. Si a los taxistas les parece mal lo de Uber y Cabify, que vayan contra ellos, pero los conductores no tenemos culpa».
El caso de Agustín García, que trabaja como asalariado, en este caso en Moove (fundada por Jaime Castellanos, actual presidente del banco de inversión Lazard), que presta servicio a Uber: «No es justo lo que está pasando», asegura visiblemente emocionado.
«Tengo 57 años», nos cuenta, «y gracias a este trabajo puedo llevar dinero a casa. He trabajado toda la vida como autónomo en la hostelería, nadie me contrataba. Si me echan de aquí, ¿a dónde voy a ir? Nadie me va a querer contratar. Los taxistas están atacándonos, pero tenemos tanto derecho a trabajar como ellos».
La situación, en definitiva, parece dramática para todos dentro de un debate que no tiene una, sino infinitas aristas. Y en medio de este berenjenal en el que cada grupo (taxistas, aplicaciones, patronal, empresas de VTC y grandes dueños de licencias) ejerce su propia presión como puede, los que apenas tienen voz son quizá los más perjudicados: los autónomos que hipotecaron sus ahorros (o los de sus familiares) no para especular con una licencia ni para subcontratar sus servicios, sino simple y llanamente para poder trabajar. Y mientras siga todo este conflicto, seguirán recibiendo por ambos lados: los taxistas les acusarán de dinamitar su sector y los grandes capitales del VTC les ignorarán.
[1] El Mundo [2] El Confidencial
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